- Resolución de Conflictos Laborales y Despidos
- Gestoría de Nómina y Contratos
- Reestructuración Laboral
- Reclamaciones y Derechos Salariales
- Contratación y Relaciones Laborales Especiales
- Derechos Individuales y Conflictos Colectivos
- Recursos y Procedimientos Judiciales
- Procedimientos Administrativos y Sancionadores
- Licitaciones públicas y subcontratación
- Extranjería
- Psicología Forense Jurídica
La indemnización por despido improcedente es uno de los temas más debatidos y controvertidos en el ámbito del Derecho Laboral español en la actualidad. Desde la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada en 2021, se ha abierto un intenso debate jurídico y político sobre si el sistema actual de indemnización tasada es suficiente para reparar el daño causado al trabajador despedido injustificadamente.
En Crener & Crener, como especialistas en Derecho Laboral, seguimos de cerca estas novedades para ofrecer el mejor asesoramiento tanto a empresas como a trabajadores. A continuación, analizamos la situación actual y las posibles reformas que podrían marcar el panorama laboral en 2026.
El sistema actual: La indemnización tasada
En España, el sistema de cálculo para la indemnización por despido improcedente está estrictamente tasado por ley. Tras la reforma laboral de 2012, la indemnización general se fijó en 33 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades [1]. Para los periodos trabajados con anterioridad a febrero de 2012, se mantiene el cálculo de 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades.
Este sistema tasado ofrece seguridad jurídica y previsibilidad, especialmente para las empresas, ya que permite calcular de antemano el coste exacto de una extinción contractual. Sin embargo, diversos sectores sindicales y jurídicos argumentan que, en determinadas circunstancias, esta indemnización no cumple con su función disuasoria ni reparadora.
La Carta Social Europea y el debate sobre la indemnización adicional
El núcleo del debate actual reside en el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER), que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una «indemnización adecuada o a otra reparación apropiada».
A raíz de este precepto, algunos tribunales superiores de justicia en España comenzaron a conceder indemnizaciones adicionales a la tasada legalmente, basándose en las circunstancias personales del empleado (por ejemplo, en relaciones laborales muy cortas donde la indemnización legal resultaba irrisoria y no compensaba el daño real) [2].
No obstante, el Tribunal Supremo español se pronunció recientemente frenando esta posibilidad, argumentando que el artículo 24 de la CSER es un precepto genérico que no permite a los jueces fijar importes económicos adicionales sin una base legal concreta en el ordenamiento interno.
El conflicto llega al Tribunal Constitucional
Lejos de estar zanjado, el debate ha escalado al Tribunal Constitucional. Recientemente, se ha presentado un recurso de amparo contra las sentencias del Supremo que deniegan estas indemnizaciones adicionales [2]. Los recurrentes argumentan que la interpretación restrictiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad, al no aplicar plenamente los tratados internacionales ratificados por España.
| Postura | Argumento Principal |
|---|---|
| Sindicatos (UGT, CCOO) | El sistema tasado incumple la Carta Social Europea. Reclaman indemnizaciones adicionales que reparen el daño real y disuadan a las empresas de despedir injustificadamente. |
| Patronal (CEOE, Cepyme) | Defienden el sistema tasado actual por la seguridad jurídica que aporta y se amparan en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que rechaza las indemnizaciones adicionales. |
| Comité Europeo de Derechos Sociales | Ha dictaminado en varias ocasiones que el sistema español de indemnización topada no cumple con las exigencias del artículo 24 de la Carta Social Europea. |
Perspectivas de reforma para 2026
El Ministerio de Trabajo ha manifestado en diversas ocasiones su intención de reformar el sistema de despido para adecuarlo a las exigencias de la Carta Social Europea, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno. La propuesta apuntaría hacia un modelo de indemnización restaurativa, que tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador (edad, cargas familiares, dificultad para encontrar un nuevo empleo) y no solo la antigüedad y el salario.
Sin embargo, esta reforma se enfrenta a importantes obstáculos:
- Oposición empresarial: La patronal rechaza frontalmente modificar el sistema actual, argumentando que encarecería el despido y perjudicaría la creación de empleo.
- Falta de consenso político: Una reforma de este calado requiere un amplio apoyo parlamentario, que actualmente parece difícil de alcanzar.
¿Cómo actuar ante este escenario de incertidumbre?
En Crener & Crener, entendemos que esta situación genera dudas tanto en empleadores como en empleados.
- Para las empresas: Es fundamental contar con un asesoramiento preventivo sólido. Antes de proceder a un despido, es vital asegurar que las causas están perfectamente justificadas y documentadas para evitar la declaración de improcedencia, minimizando así los riesgos legales y económicos.
- Para los trabajadores: Si te enfrentas a un despido que consideras injusto, es crucial analizar tu caso de manera individualizada. Aunque el Tribunal Supremo haya limitado las indemnizaciones adicionales por ahora, el panorama puede cambiar, y es importante defender tus derechos con la mejor estrategia legal.
Nuestro equipo de especialistas en Derecho Laboral está a tu disposición para analizar tu situación y ofrecerte soluciones estratégicas adaptadas a la normativa vigente y a los últimos pronunciamientos judiciales.